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Latre tiene aún sin hacer medio millón de euros en obras para los pueblos adjudicadas en 2016

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El Grupo Socialista de la Diputación Guadalajara va a reclamar que se pongan plazos de ejecución, de un año como máximo desde su adjudicación, a las obras que deben realizarse en los pueblos de la provincia. El portavoz socialista, Julio García, considera que es una medida imprescindible, tras constatar y denunciar que en el actual mandato se va acumulando el retraso en las obras correspondientes a los distintos planes que la Diputación lleva a cabo en los municipios, que en muchos casos supera los dos años, y que, en algunos, es muy probable que no lleguen a hacerse en el mandato.

 

Según los últimos datos de ejecución del presupuesto 2018, correspondientes a finales de julio, no se ha ejecutado ni un solo euro de las inversiones aprobadas para este ejercicio en planes provinciales, eficiencia energética, caminos rurales, y obras hidráulicas. Una situación que, en opinión de Julio García, “no es normal a estas alturas de año, mediado ya el verano”.

 

Sin embargo, en esos datos de ejecución presupuestaria “hay algo aún más preocupante” para el portavoz socialista: “las inversiones que se arrastran de ejercicios anteriores y que se encuentran en un bajísimo grado de ejecución, lo que puede llevar a que concluya el actual mandato del Gobierno de Latre sin haberse ejecutado más de la mitad de los proyectos de 2018, muchos de 2017 y algunos incluso de 2016”.

 

4,4 millones pendientes de ejecución de ejercicios anteriores.
García ha destacado que el retraso en la ejecución de obras en los municipios obligó a Latre a incorporar al presupuesto de 2018 proyectos aprobados para los ejercicios 2017 y 2016 y todavía no ejecutados por importe total de 4,4 millones de euros. “De esos 4,4 millones incorporados al actual presupuesto, solo se han ejecutado 970.000 euros, apenas un 22%, lo que significa que a estas alturas del año quedan por hacer casi un 80% de los proyectos atrasados de años anteriores”, ha indicado. De las obras no ejecutadas en 2017 se han incorporado al presupuesto de este año 3,7 millones de euros y se han ejecutado 750.000, mientras que de obras no realizadas en 2016 se incorporaron 700.000 euros y hasta el momento solo se han ejecutado 220.000 euros.

 

Obras básicas para los municipios.
Julio García ha recordado que “para la inmensa mayoría de los pueblos de Guadalajara, la obra que se les adjudica dentro de los planes provinciales, en general una por los cuatro años de legislatura, es la mayor inversión del mandato”. En esta categoría de obras imprescindibles para los municipios, ha incluido las correspondientes a programas de pavimentación, renovación de redes, eficiencia energética, mejora de caminos rurales y obras hidráulicas.

 

Por ello y “porque responden a necesidades básicas del municipio y representan buena parte de la gestión de los alcaldes y alcaldesas, estas obras se esperan con impaciencia en los pueblos”, ha señalado, “y la Diputación no puede consentir este atasco en la ejecución de sus obras, motivado en parte por no poner plazos de ejecución a las empresas adjudicatarias hasta que se firma el acta de replanteo”.

 

El portavoz del Grupo Socialista pide “un mayor control sobre la ejecución de obras y mayor rigor en el cumplimiento de los plazos por parte de las adjudicatarias” y ha avanzado la presentación de una moción al próximo pleno para que “las inversiones lleguen a los municipios cuando les corresponde”. En este sentido, ha señalado que “la mayoría de las empresas de la provincia que concurren a estas obras son solventes y cumplidoras, pero hay algunas que tienen adjudicadas varias obras de planes provinciales de 2017 sin comenzar, y que se les seguirán adjudicando en 2018, cuando todavía siguen sin terminar las que tenían adjudicadas desde 2016, y eso no se debe consentir”.

 

García pide que para evitar estas situaciones que tanto perjudican a los pueblos “la adjudicación de una obra de la Diputación en los municipios lleve aparejado un plazo máximo de inicio y finalización de las obras, pero desde el momento de la adjudicación, no solo desde el acta de replanteo” y “si una empresa incumple el plazo máximo para iniciarlas, o el plazo de ejecución de manera abusiva, o deja las obras a medias, que se rescindan contratos o se penalice a quienes no cumplen. Sería lo más justo para la mayoría de empresas que sí lo hacen y para que los ayuntamientos no se vean perjudicados”.

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