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“Con la nueva Ley de la Infancia y la Adolescencia protegeremos a las personas más vulnerables garantizando un futuro mejor”

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• Serrano recuerda que hoy se cumplen 35 años de la adhesión de España a la Comunidad Europea, “tiempo en el que hemos avanzado en derechos y libertades, y ahora, con la aprobación del Ingreso Mínimo Vital, hacemos a España un país más digno, más próspero y más justo”.

• La Ley de Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia comenzó el martes su tramitación en el Consejo de Ministros con el objetivo de garantizar la defensa de las personas menores de edad contra la violencia y los abusos, extendiendo la prescripción de delitos más allá de los 30 años.

“Hoy hace 35 años que España firmó su adhesión a la Comunidad Europea, 35 años en los que nuestro país ha ido avanzando en derechos y libertades, en los que el PSOE ha estado ahí garantizando políticas públicas, económicas y sociales progresistas consistentes en no dejar a nadie atrás. En 1985 fue el impulso de la educación pública; en 1986 el de la sanidad; en 1990 el sistema público de pensiones, en especial las no contributivas; en 2006 la Ley de Dependencia, y ahora, en 2020, un nuevo derecho que ya propusimos en el programa electoral de 2015, el Ingreso Mínimo Vital. España es desde ahora un país más digno, más próspero y más justo”.

Así ha concluido hoy su comparecencia ante los medios la senadora socialista por Guadalajara Riansares Serrano, quien ha vinculado la aprobación definitiva del Ingreso Mínimo Vital por parte del Congreso de los Diputados esta semana con el inicio de la tramitación de la nueva Ley de Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia, una vez aprobado el proyecto de ley en el Consejo de Ministros del pasado martes. Esta nueva ley tendrá que ser también refrendada en el Congreso de los Diputados, una vez finalizada su tramitación parlamentaria. Una nueva ley que Serrano califica como “fundamental” para lograr proteger a los niños y niñas contra la violencia “consolidando sus derechos a ser felices, a vivir en paz y a desarrollarse en entornos adecuados”.

“Según Save the Children, uno de cada cuatro menores ha sido víctima de algún tipo de violencia, y eso no lo podemos consentir. La sociedad tiene que arbitrar mecanismos que garanticen sus derechos y protejan a los más débiles frente al abuso, la violencia y el maltrato y la explotación. De esto trata esta ley, de proteger a los menores y establecer de forma contundente tolerancia cero contra la violencia y la impunidad”, ha resumido la senadora ante las cámaras.

En el proyecto de ley se garantiza a los niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia “los derechos a la información, asesoramiento y a la protección integral, incluida la atención terapéutica y el derecho a la asistencia jurídica gratuita, permitiendo que se personen en los procedimientos judiciales tanto ellos como las personas con discapacidad”, además de que refleja las medidas para “reforzar todas las actuaciones de sensibilización, detección precoz y prevención en todos los ámbitos, tanto el familiar, como la educación, en las redes sociales o en el deporte, con programas públicos dotados de financiación para la erradicación de la violencia en la infancia y la adolescencia, comprometiendo a todos los actores”. Un aspecto este último que Serrano destaca señalando que la nueva ley establece “el deber de comunicar cualquier situación de violencia sobre ellos, aunque no sea constitutivo de delito, siendo incluso más exigente con aquellos colectivos profesionales que mantienen contacto habitual con personas menores”.

Por otro lado, en el nuevo texto legal se recogen modificaciones a las normas actualmente en vigor en las que se recogen las principales reclamaciones de las organizaciones de defensa de las víctimas de abusos y violencia, como es el hecho de que se extienda el plazo de prescripción de los delitos cometidos contra menores, empezando a contar a partir de que la víctima cumpla los 30 años, no desde los 18, como marca la norma vigente. De esta forma, los delitos prescribirán entre 5 y 15 años después de que la víctima haya cumplido los 30 años, dependiendo de la gravedad del caso. Además, la nueva ley incluye la creación de la figura del “coordinador de bienestar y protección” en todos los centros escolares.

“Se trata de proteger a las personas más vulnerables, y sobre todo a los niños y a las niñas con el objetivo de alcanzar un futuro mejor”.

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